Un total de 136 estados miembros de la OCDE, que suman el 90% del PIB mundial, han llegado a un acuerdo histórico, sin precedentes, para impulsar un tipo mínimo de Sociedades del 15% en 2023, estableciendo de este modo un marco internacional común que garantice la tributación de las grandes multinacionales.

Además, se crea un sistema de reparto de la recaudación de estas grandes corporaciones entre todos los estados en los que operan, aunque no posean sede física en ellos. Este acuerdo incluye las adscripciones de Estonia, Hungría e Irlanda, que no habían firmado previamente los compromisos previos en esta materia.

Siguiendo esta línea, el Gobierno de España ha aprobado un plan presupuestario para el próximo año que fija, igualmente, un tipo mínimo de Impuesto de Sociedades del 15% a partir del 2022. Es muy probable que esta medida se adaptará a la directiva europea que implemente el pacto internacional acordado.

Es urgente que se aplique este gravamen ante la alarmante situación social que seguimos viviendo, agravada por la pandemia. Recordemos que el 63% de multinacionales españolas pagan de media solo el 9% de impuestos, según se desprende de los últimos datos proporcionados por la Agencia Tributaria. Y, por contra, en nuestro país el 58% de los hogares tiene problemas económicos y un total de 6 millones de personas son pobres, un 50% más que en 2018 (Fundación FOESSA y Cáritas).

Obviamente la situación todavía sería más grave sin las medidas sociales o “escudo social” aprobado por el actual Gobierno del Estado. Sin embargo, es necesario plantear ya una reforma profunda del sistema fiscal que incremente la capacidad recaudatoria para mejorar los Servicios Públicos, ampliar el Estado de Bienestar y responder así a las necesidades de la ciudadanía en condiciones de equidad y calidad. En suma, necesitamos redistribuir la riqueza, a través de los impuestos, para luchar de forma intensa contra la pobreza y la desigualdad.